Centros de datos: hemos presentado alegaciones, y esto es lo que nos preocupa

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Somos una cooperativa de tecnología y desarrollamos ciencia de datos, necesitamos cómputo, y sabemos que ese cómputo tiene que vivir en algún sitio. Por eso queremos ser honestas sobre contra qué estamos y contra qué no. No estamos contra los centros de datos, aunque ya teníamos críticas hacia los que antes nos parecían grandes: estamos contra los centros de datos hiperescalares, esas instalaciones de cien, doscientos o trescientos megavatios que se están proyectando en nuestro entorno inmediato, el Corredor del Henares, donde se tramitan ahora mismo proyectos que suman más de 1.000 megavatios, cuando toda España cerró 2025 con 439 megavatios de potencia informática instalada. Son tan grandes que su impacto nunca será asumible por el territorio que los acoge, se pongan las condiciones que se pongan.

Hemos presentado, como Simbiótica, alegaciones al proyecto de Real Decreto con el que el Ministerio para la Transición Ecológica quiere ordenar cómo acceden estas instalaciones a la red eléctrica. El documento completo está al final de esta entrada, y es bastante técnico porque así tiene que ser para que sirva. Pero con esta publicación quiero explicaros de forma más comprensible qué nos preocupa, qué modelo defendemos y qué esperamos.

_Un recurso de todos repartido por orden de llegada

La capacidad de la red eléctrica no es infinita. En cada punto de conexión caben cierta cantidad de megavatios y no más, y se reparten por orden de llegada: quien pide antes se los queda, aunque tarde años en usarlos o no los use nunca. Es el propio Gobierno quien lo cuenta en el preámbulo de una norma de marzo de este año, sobre los centros de datos y sobre el acaparamiento de red en general, que afecta a todo tipo de proyectos:

Los permisos de acceso ya concedidos a este tipo de proyectos [centros de datos] superan en varias veces las estimaciones más ambiciosas de despliegue para los próximos años.

[…] Cerca del 90% de la capacidad de acceso a la red (en el caso de la distribución) ha sido otorgada a promotores que, hasta la fecha, no han hecho un uso efectivo de la misma.

En cifras, hay unos doce gigavatios reservados para una demanda que el propio Estado calcula en tres o cuatro.

¿Y qué pasa con lo que se reserva? Que no está disponible para nadie más. Ni para la promoción de vivienda que necesita conexión, ni para la PYME del polígono que quiere ampliar potencia, ni para la comunidad energética de un barrio. Un servicio de estudios bancario lo calculaba en agosto: mil viviendas necesitan cinco megavatios; un gran centro de datos necesita entre cien y trescientos. Ese mismo informe cifra en más de 80.000 las viviendas previstas en España que dependen de que se construya red nueva. Y en la lista oficial de puntos de la red donde ya no caben todas las solicitudes hay uno del Corredor del Henares, Anchuelo, desde octubre de 2024.

Admás de una cuestión técnica es una cuestión de reparto: qué usos van primero cuando no hay para todas. Y esa pregunta, la de quién decide y para quién, es exactamente la que la economía social y solidaria lleva décadas haciéndose sobre el dinero, la energía o la vivienda. Ahora toca hacérsela sobre la red y el cómputo, casi de repente nos encontramos investigando y aprendiendo sobre el impacto de esta industria que llega arrollándonos.

_Lo que pasa en el pueblo donde se instala

Un centro de datos grande funciona las 24 horas, los 365 días. Sus sistemas de refrigeración emiten un zumbido continuo, grave, de esos que las pantallas acústicas no paran bien y que los medidores habituales apenas registran. Tiene decenas de generadores diésel de respaldo que se prueban periódicamente. Y toda la electricidad que consume acaba convertida en calor.

Hemos leído el expediente ambiental del campus que Microsoft proyecta en Alcalá de Henares, el más avanzado del Corredor, y hemos medido sobre el Catastro lo que hay alrededor de la parcela. A menos de cien metros hay dos edificios que se anuncian y se alquilan como viviendas y en los que la Comunidad de Madrid tiene inscritas ocho viviendas de uso turístico. A ciento cincuenta metros hay una ciudad deportiva municipal donde se imparten 103 de los 268 grupos de la escuela municipal de natación (niños de 4 a 15 años) y 17 de los 46 del programa para bebés, con horarios de tarde hasta las nueve y media de la noche.

El expediente no calcula qué nivel de ruido llegará a ninguno de esos sitios, cita mal los límites legales (los nocturnos de las áreas comercial e industrial, con diez decibelios de más) y no dedica una sola línea al calor, aunque el clima es uno de los factores que la ley de evaluación ambiental obliga a evaluar. Y la memoria que acompaña al Real Decreto declara, sin más, que la norma tiene “impacto nulo” en la infancia y la adolescencia.

_Lo que recibe el territorio

Estas instalaciones llegan con cifras de inversión enormes y promesas de empleo. Los datos oficiales cuentan algo distinto: la auditoría del parlamento de Virginia, que ha estudiado el sector con más detalle que nadie, cifra en unas cincuenta personas la plantilla de un campus grande, la mitad de ellas subcontratadas; el de Alcalá declara cincuenta y tres. El empleo de la obra es real y numeroso, y dura lo que dura la obra. El proyecto de real decreto de 2025 obligaba a declarar el empleo creado; el de 2026 ha quitado esa obligación. Ninguna administración evalúa qué reciben a cambio los municipios que ponen el suelo, el agua y el silencio.

Y luego está la pregunta de fondo, la de la soberanía. Buena parte de estos centros pertenecen a empresas sujetas a leyes de otros países, como la CLOUD Act estadounidense, que les obligan a entregar datos aunque estén alojados aquí. La propia Microsoft lo reconoció en junio de 2025 ante el Senado francés, y por escrito ante la policía escocesa. Que los datos de una administración pública española duerman en Alcalá no garantiza que sean nuestros.

_La escala

Un centro de datos de barrio, de unos pocos megavatios, ligado a la demanda de las empresas y administraciones de su comarca, es una infraestructura como otra cualquiera: se puede ubicar bien, se puede aislar, se puede exigir que ceda su calor y que dé cuentas. Un hiperescalar no. Son cosas distintas, y se ve en tres números.

Instalación	La magnitud	Equivale a
Un campus de 100 MW	capacidad de red	20.000 viviendas
El centro de Amazon en Zaragoza	3.280 GWh al año	un tercio de la demanda eléctrica de Aragón
El campus de Microsoft en Alcalá	hasta 86 MW de calor a evacuar, día y noche	ni una línea sobre ello en el expediente

Uno. La red que ocupa

Aplicamos el ratio de ese informe bancario (mil viviendas, cinco megavatios) a un campus de 100 megavatios; uno de 300 ocupa lo que 60.000 viviendas. En una comarca donde ya no cabe todo, eso es acaparar la red.

Dos. La energía de una región

El centro de datos que Amazon construye en La Cartuja Baja (Zaragoza) tiene autorizado, en su resolución ambiental, un consumo eléctrico de 3.279,97 gigavatios-hora al año y declara 210 empleos. La demanda eléctrica de todo Aragón en 2024 fue de 9.944 gigavatios-hora. Ninguna condición de eficiencia hace eso asumible.

Tres. El calor que se queda

Toda la electricidad que entra en un centro de datos sale como calor. El campus de Microsoft en Alcalá declara una demanda de diseño de hasta 86 megavatios sobre una parcela de 98.693 metros cuadrados, a 130 metros de viviendas. El consumo real será menor, pero es continuo, de noche y en invierno también, y a ese calor se suma el de la propia construcción: diez hectáreas de cubiertas y asfalto donde hoy hay suelo sin sellar, que en el clima mediterráneo semiárido elevan las temperaturas nocturnas de forma bien documentada. Un estudio reciente, todavía pendiente de revisión por pares, midió por satélite la temperatura de la superficie alrededor de miles de centros de datos y encontró un aumento medio de unos dos grados tras su puesta en marcha. Cuánto de eso se debe al calor que expulsan y cuánto a las superficies que sellan se discute; para quien vive al lado la diferencia importa poco, porque las dos cosas llegan con el campus. Lo que no está en ninguna parte es la evaluación: el expediente no dedica una línea al calor, aunque la ley obliga a evaluar el clima. Pedimos que se evalúe, que se mida la temperatura del aire en la zona antes de la obra y una vez en funcionamiento, y que se exijan medidas, desde cubiertas vegetales hasta el aprovechamiento del calor. Nada de eso lo resuelve una pantalla acústica ni un PUE más bajo.

Por eso nuestra posición es la que es. No creemos que el cómputo tenga que crecer sin límite, ni repartido ni concentrado: cada megavatio nuevo arrastra fabricación de equipos, minerales extraídos en el sur global y energía que compite con otros usos, y desde la economía social defendemos consumir menos, no distribuir mejor el mismo exceso. El cómputo que de verdad hace falta cabe en instalaciones pequeñas y medianas, cerca de quien las usa, que devuelvan al territorio parte de lo que toman; y el esfuerzo de investigación e innovación debería ir a tecnologías que necesiten menos recursos, no más. Concentrar en tres o cuatro naves el consumo de una región no es desarrollo. La norma que se está tramitando no plantea esa pregunta, pero sus propios datos la responden.

_Qué apoyamos y qué pedimos

Apoyamos la idea central de la norma, porque es un mínimo necesario: que para conectarse a la red haya que cumplir requisitos de eficiencia, de agua, de energía renovable y de soberanía, y que se aplique también a los proyectos que ya tienen permiso pero no están conectados. Ordenar esto llega tarde. Pero conviene no engañarse: ese mínimo solo mitiga un poco el impacto de un hiperescalar, pero no lo hace menos malo, ni lo convierte en asumible.

Lo que pedimos, en trece alegaciones, cabe en cinco ideas:

Transparencia por instalación. Que se publique cuánta electricidad y cuánta agua consume cada centro, sin que la empresa pueda ocultarlo alegando secreto empresarial, y que los ayuntamientos reciban esa información.

Un registro público de quién tiene reservada capacidad de red y dónde, para que un pueblo pueda saber cuántos megavatios están comprometidos en su punto de conexión y por quién.

Mirar el conjunto, no cada proyecto por separado, y evaluar el ruido, el calor y la distancia a viviendas, colegios y centros de salud antes de conceder el acceso.

Prioridad para los usos de interés general y para las instalaciones pequeñas ligadas al territorio. Vivienda, servicios esenciales, industria local y comunidades energéticas por delante; y que el acceso a un recurso público escaso tenga contrapartida comprobable: empleo real, calor cedido a redes de barrio, cómputo reservado a lo público y a entidades sin ánimo de lucro. Que un centro de datos pequeño y local no compita en peor condición que un gigante.

Que la memoria de la norma haga su trabajo y analice el impacto social y territorial antes de aprobarla. Ese documento se contradice a sí mismo: en su página 5 advierte de que la asignación actual de capacidad “puede tener impacto en la disponibilidad de capacidad de red necesaria para la electrificación de otros usos industriales, de transporte o residenciales”, y en su página 17 despacha el apartado de otros impactos con un “no constan”. No tiene apartado de impacto territorial.

_Mirado con los principios de la economía social y solidaria

Somos una cooperativa de trabajo y, como el resto de entidades de la economía social, nos regimos por unos principios que fija una ley y que se resumen en cuatro: la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, con una gestión democrática y participativa; el reparto de los resultados según el trabajo aportado y no según el capital; la solidaridad con la sociedad, que se concreta en el compromiso con el desarrollo local, el empleo estable y de calidad y la sostenibilidad; y la independencia respecto a los poderes públicos. La economía solidaria, en su carta de principios, da un paso más: pone el sostenimiento de la vida en el centro de la actividad económica, sitúa a las personas, las comunidades, el entorno y los bienes comunes por encima del capital y de su acumulación, y se opone a una economía “centrada en el crecimiento ilimitado de la producción y el consumo al margen de sus efectos sociales y ambientales”. Ese es el prisma con el que hemos analizado la norma.

Y desde esta perspectiva, al profundizar en la información disponible sobre el impacto de estos centros, lo que hemos encontrado nos preocupa enormemente. La capacidad de red, el agua y el suelo son bienes comunes, y se están repartiendo por orden de llegada entre promotores privados sin que el municipio ni quienes viven al lado tengan voz. Eso choca con la gestión democrática y participativa. Un campus que ocupa la red de una ciudad entera, deja medio centenar de empleos y no cede ni su calor choca con el compromiso con el desarrollo local y con el empleo de calidad. Y una sola instalación que consume como un tercio de una comunidad autónoma, llena de equipos fabricados con minerales del sur global, es la expresión más pura de ese crecimiento ilimitado que la economía solidaria rechaza. Pero, incluso si un hiperescalar fuera de titularidad pública, chocaría con los mismos principios. Lo que los rompe es la escala, porque la escala es lo que impide que el territorio decida, que reciba algo a cambio y que el consumo se mantenga dentro de lo que la vida puede sostener.

Lo que viene ahora es trabajo de territorio: queremos colaborar con las personas y colectivos de Alcalá, el Corredor y otros territorios que comparten esta preocupación, compartir información y esfuerzos con otros lugares de España que viven lo mismo.

_El escrito de alegaciones completo

Este es el escrito que hemos presentado al Ministerio. Buena parte de lo que pedimos coincide con lo que han alegado Ecologistas en Acción y la coalición de organizaciones ambientales, académicas y comunidades afectadas que siguen este tema desde 2025: transparencia por instalación, verificación independiente, rigor con las cifras de empleo y planificación con límites territoriales. Añadimos alguna, como la soberanía de los datos frente a las leyes de otros países. Y, sobre todo, dos alegaciones que ponen el foco en el impacto social y el tejido económico del lugar. Una señala que la memoria de la norma declara “impacto nulo” sin haber mirado qué pasa con la vivienda, la pequeña industria y quienes viven junto a estas instalaciones. La otra pide que la capacidad de red se asigne con prioridad para la vivienda, los servicios esenciales, la industria local y las comunidades energéticas, con una contrapartida comprobable para el municipio (empleo real, calor cedido, cómputo reservado a lo público) y escuchando al ayuntamiento antes de conceder el acceso.

_Glosario

• Alegaciones y audiencia pública. Antes de aprobar una norma, el Gobierno la publica en borrador y abre un plazo para que cualquier persona u organización presente por escrito sus objeciones y propuestas. Eso son las alegaciones; el plazo es la audiencia pública. No obligan al Ministerio, pero quedan en el expediente y tiene que valorarlas.
• Calor residual. Toda la electricidad que consume un centro de datos acaba convertida en calor, que hay que expulsar. Ese calor se puede ceder a una red de calefacción de barrio o a una industria vecina en lugar de tirarlo al aire; el borrador de 2025 lo exigía y el de 2026 ya no.
• Capacidad de acceso a la red. Los megavatios que un proyecto tiene reservados en un punto concreto de la red eléctrica para poder consumir. Se conceden mediante un permiso de acceso, por orden de solicitud, y quien los tiene concedidos puede tardar años en usarlos o no usarlos nunca.
• Centro de datos hiperescalar. Instalación de cómputo de decenas o cientos de megavatios, normalmente de una gran empresa tecnológica, que da servicio a clientes de todo el mundo. Se distingue de los centros pequeños y medianos que atienden a empresas y administraciones de su entorno.
• CLOUD Act. Ley estadounidense de 2018 que obliga a las empresas de ese país a entregar a sus autoridades los datos que custodian, aunque estén almacenados en servidores fuera de Estados Unidos.
• Cómputo. Capacidad de procesar datos: servidores, almacenamiento y las redes que los unen. Es lo que un centro de datos vende, medido en la práctica por la electricidad que consumen sus equipos.
• Comunidad energética. Entidad, normalmente vecinal o local, que produce, comparte y gestiona energía renovable para sus miembros. Necesita capacidad de red igual que cualquier otro proyecto.
• Expediente ambiental. Conjunto de documentos con los que un promotor describe su proyecto y sus efectos (ruido, agua, suelo, clima) para que la administración decida si lo autoriza y con qué condiciones. Es público y se puede consultar durante su tramitación.
• Lindero. El borde legal de una parcela. Las distancias de esta entrada se miden de lindero a lindero sobre los planos del Catastro, no desde el centro de las parcelas.
• Megavatio (MW) y gigavatio-hora (GWh). El megavatio mide potencia, es decir, a qué ritmo se consume energía en un instante: mil viviendas necesitan unos cinco. El gigavatio-hora mide la energía consumida a lo largo del tiempo, en este caso en un año; un gigavatio son mil megavatios, y un centro que consumiera 100 MW sin parar sumaría 876 GWh en un año.
• Memoria del análisis de impacto normativo. Documento que acompaña por ley a todo proyecto de norma y en el que el Gobierno explica para qué sirve, cuánto cuesta y qué efectos tendrá, entre otros sobre la economía, la igualdad, la familia y la infancia.
• Nudo. Punto físico de la red eléctrica (una subestación) al que se conectan los consumidores y generadores de una zona. Cuando las solicitudes de acceso superan lo que cabe en él, se dice que está saturado.
• PUE. Indicador de eficiencia de un centro de datos: cuánta electricidad total consume por cada unidad que llega a los servidores. Un PUE de 1,2 significa que refrigeración y auxiliares añaden un 20 %. Mide la eficiencia, no el tamaño: un campus muy eficiente puede consumir como una región entera.
• Ruido de baja frecuencia. Zumbido grave, continuo, propio de los sistemas de refrigeración de estas instalaciones. Los medidores habituales (en dBA) lo registran mal, y por eso la norma española obliga a medirlo con un índice corregido que lo penaliza.
• Soberanía digital. Capacidad de decidir sobre los propios datos y sistemas sin depender de leyes o empresas de otros países. Que un dato esté guardado en España no garantiza soberanía si la empresa que lo guarda está sujeta a la CLOUD Act.

_Fuentes

Puedes preguntarnos si echas en falta alguna fuente o necesitas aclaración de algún cálculo realizado por nosotras.

1. Los proyectos del Corredor del Henares. Suma de los proyectos identificados en boletines y expedientes públicos: campus de Microsoft en Alcalá (expediente SIA 25/139), Henares Digital Campus en Torres de la Alameda y Loeches (expediente SIA 26/010), Ignis Data Beta II en Villalbilla, 181,62 MW (anuncio BOE-B-2026-3291, de 6 de febrero de 2026) y campus de ACS/Iridium (ficha de Dragados), más Nabiax, Templus y Vaultica. La suma es nuestra; cada proyecto está en su fuente.
2. 439 MW instalados en España al cerrar 2025. SpainDC (patronal del sector), informe anual con Pb7 Research, marzo de 2026: nota de prensa. Es un dato de parte, con metodología publicada. Mide la potencia de los equipos informáticos (MW IT), no la demanda total que se pide a la red; la suma del Corredor de la fuente 1 recoge la potencia que declara cada proyecto, en unos casos la informática y en otros la total, así que la comparación es de orden de magnitud.
3. El proyecto de real decreto y su tramitación. Audiencia e información pública, trámite k-851 del MITECO (27 de agosto a 10 de septiembre de 2026) y texto del proyecto (PDF).
4. Las dos citas del Gobierno sobre acaparamiento de red. Preámbulo del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo (texto consolidado en el BOE). Ahí están, literales, “los permisos de acceso ya concedidos a este tipo de proyectos superan en varias veces las estimaciones más ambiciosas de despliegue para los próximos años” y “cerca del 90% de la capacidad de acceso a la red (en el caso de la distribución) ha sido otorgada a promotores que, hasta la fecha, no han hecho un uso efectivo de la misma”.
5. La memoria del análisis de impacto normativo. Documento del MITECO (PDF). Los doce gigavatios concedidos frente a los 3,5 a 4 previstos para 2030 están en la página 4; el aviso sobre el desplazamiento de otros usos, en la 5; el “no constan” del apartado de otros impactos, en la 17; y el “impacto nulo” en la infancia y la adolescencia, en el cuadro resumen de la 2.
6. Mil viviendas, cinco megavatios. BBVA Research, “España. La saturación de la red eléctrica y su papel en la construcción”, 3 de agosto de 2026: publicación. De ahí salen también las más de 80.000 viviendas que dependen de red nueva y el dato de que el 88% de los nudos de distribución tiene menos de 1 MW de capacidad firme disponible. La equivalencia de 20.000 y 60.000 viviendas es nuestro cálculo aplicando ese ratio.
7. Anchuelo, en la lista oficial. Red Eléctrica, Dirección General de Operación, “Relación de nudos susceptibles de convocatoria de concurso de capacidad de acceso de demanda”, publicada el 15 de abril de 2026 (PDF). Son 74 nudos en toda España, 7 en la Comunidad de Madrid, y Anchuelo 220 figura con fecha de 1 de octubre de 2024. La lista no dice quién presentó las solicitudes que agotaron ese nudo, así que no afirmamos que fueran centros de datos: eso es lo que hemos pedido por escrito.
8. El expediente ambiental del campus de Alcalá. Expediente SIA 25/139, Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid: memoria, planos y documento ambiental del Plan Especial del Sector 26 de Las Matillas, promotor Microsoft 7724 Spain S.L.U. De ahí salen los receptores a 130 y 165 metros, los 57,6 MW de cómputo y 86,25 MW de demanda total, la parcela de 98.693 metros cuadrados y los 53 empleos.
9. Las distancias. Medidas de lindero a lindero sobre los polígonos de parcela de la Sede Electrónica del Catastro, descargando las 89 parcelas del entorno del campus. Son cálculos nuestros sobre cartografía oficial, reproducibles con la referencia catastral de cada parcela.
10. Las viviendas de uso turístico. Registro de declaraciones responsables de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid (datos abiertos). Ocho inscritas en las dos direcciones de la calle Antonio Suárez. El Decreto 79/2014 exige a cada una disponer de cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación. Lo que no podemos afirmar, porque el padrón por portal no es público, es cuántas personas residen allí de forma permanente.
11. La ciudad deportiva. Parcela catastral 7008401VK6871S, avenida de Madrid 9, uso Deportivo, 95.847 metros cuadrados, a 152 metros del lindero del campus (medido sobre Catastro). Los grupos y horarios de la Escuela Municipal de Natación y del Programa Bebés están en los inventarios que publica el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal de Alcalá de Henares en alcalaesdeporte.ayto-alcaladehenares.es (el certificado de ese sitio municipal está mal configurado y algunos navegadores avisan al entrar).
12. Los límites de ruido que el expediente cita mal. Real Decreto 1367/2007, que desarrolla la Ley del Ruido. La tabla B1 de su anexo III fija para uso terciario 60/60/50 y para uso industrial 65/65/55 (día, tarde y noche); el documento ambiental declara 60/60/60 y 65/65/65. Además, esos valores no se expresan en dBA sino en un índice corregido que suma una penalización cuando el ruido tiene componentes de baja frecuencia, que es justo el zumbido que emiten estas instalaciones (anexos I y IV).
13. La obligación de evaluar el clima. Ley 21/2013, de evaluación ambiental, artículo 5.1.a): entre los factores a evaluar están expresamente el suelo, el clima y el cambio climático.
14. Cincuenta empleos por campus. Comisión conjunta de auditoría del parlamento de Virginia (JLARC), informe 598, diciembre de 2024: Data Centers in Virginia (PDF). Es la fuente oficial más detallada que existe sobre el sector, y en otros apartados resulta favorable a la industria.
15. Los 53 empleos de Alcalá. La Marea, 3 de agosto de 2026: “Alcalá de Henares, colonización”. Cifra coherente con la referencia internacional.
16. La obligación de declarar empleo que desapareció. Audiencia pública del proyecto de real decreto de 2025, trámite k-775 del MITECO. Comparándolo con el texto de 2026 (fuente 3) se ve qué se ha quitado.
17. La CLOUD Act. Recursos oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
18. Microsoft ante el Senado francés, junio de 2025. Crónica de la comparecencia en ActuIA.
19. Microsoft por escrito a la policía escocesa. Respuesta a la solicitud de acceso a la información 2024/25-006 de la Scottish Police Authority, 6 de mayo de 2024 (PDF): Microsoft comunica que no puede garantizar la soberanía de los datos de Microsoft 365.
20. La resolución ambiental del centro de Amazon en Zaragoza. Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de 10 de julio de 2026, expediente INAGA 500301/02/2024/12133, centro CAR en La Cartuja Baja, promotor Amazon Data Services Spain S.L. El anuncio está en el Boletín Oficial de Aragón n.º 143, de 27 de julio de 2026; el texto íntegro (84 páginas, con los 3.279,97 GWh al año, el tope de 204.697 metros cúbicos de agua y los 210 empleos) se descarga en el verificador de documentos del Gobierno de Aragón con el código de verificación CSV4W6AZ1C9VMB5SYREG.
21. La demanda eléctrica de Aragón. Red Eléctrica, serie de demanda por comunidad autónoma: 9.944 GWh en 2024 (el enlace abre los datos en bruto del sistema de Red Eléctrica).
22. Los estudios sobre el calor. El estudio reciente es el preprint arXiv:2603.20897 (Marinoni y otros, versión 3 de 21 de abril de 2026, pendiente de revisión por pares): analiza 6.733 emplazamientos con datos de temperatura de superficie por satélite y estima un aumento medio de 2,07 °C tras el inicio de la actividad. Mide la superficie, no el aire, y no separa el calor expulsado del efecto de las nuevas cubiertas y aparcamientos; el Uptime Institute, del propio sector, acepta que el efecto es real y sostiene que hoy pesan más las superficies que el calor residual. Sobre lo que hacen las superficies selladas en nuestro clima: Illán-Fernández, Pérez-Morales, Sudmanns y Tiede, “Urban heat and soil sealing: A ten-year analysis of temperature dynamics in a semi-arid Mediterranean region”, Urban Climate, 2025 (DOI 10.1016/j.uclim.2025.102579, revisado por pares): las noches son el periodo crítico y las zonas industriales están entre las más afectadas. Los 86 MW son la demanda de diseño del expediente (fuente 8): 57,6 MW de equipos informáticos por un PUE de 1,5.
23. Los principios de la economía social. Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, artículo 4, “Principios orientadores”.
24. La carta de principios de la economía solidaria. REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, Carta de Principios de la Economía Solidaria, versión actualizada en 2022. La cita es literal de su presentación.
25. Las alegaciones de las organizaciones ambientales. Ecologistas en Acción, con Tu Nube Seca Mi Río, Arte es Ética, The Green Web Foundation, comunidades afectadas y académicas: nota de prensa de 10 de septiembre de 2026. El escrito que enlaza esa nota es el que presentaron al proyecto anterior, en septiembre de 2025 (22 páginas); en 2026 mantienen las mismas peticiones.

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Nota de transparencia: la investigación de fuentes y la elaboración de esta entrada y de las alegaciones han contado con apoyo de herramientas de IA generativa. Cada dato se ha contrastado con su fuente original y el texto se ha reelaborado, editado y revisado manualmente. Es responsabilidad de la cooperativa. Imagen de cabecera: ortofoto del PNOA, © Instituto Geográfico Nacional, licencia CC BY 4.0, con los contornos de las parcelas del Catastro superpuestos por nosotras.